Hace un par de años, un importante periódico local se lanzaba en un furibunda tematización sobre los «maleantes incívicos» que azotaban la tranquila y siempre pacífica multiculti Barcelona. Era verano, agosto. Lo recuerdo. Recuerdo la sorpresa de encontrarme, sin ton ni son, con primeras planas alarmistas que parecían ser el retrato de un irreconocible suburbio tercer mundista -vivo en pleno centro de la ciudad, escenarios de las aquellas supuestas descripciones-.
Problemas habían, los ví desarrollarse, crecer… ¿pero por qué justo en ese agosto? ¿por qué en ese momento?
Más tarde me quedo claro. El alcalde de aquella época (el administrador Clos) llama a una reunión urgente del consistorio: se toman las primeras medidas, se llega a redactar -y a aprobar- una nueva ley de «vagos y maleantes». Con la nueva doctrina en la mano, el ajuntament se lanza a la limpieza de «putas», «drogadictos», «lateros», «estatuas humanas», etc… Las calles quedan limpias para exponer el fulgor de una ciudad segura entregada a la orgía consumista del turismo. Lo que parecía en un principio un ataque al gobierno de la ciudad, no era más que un autogolpe.
Dos años después, con aquel alcalde haciendo vaya a saberse qué en Madrid, y con su gris y fofo sucesor a la cabeza, volvemos a lo mismo. Tras los meses de alarmismo sobre la seguridad en los chalets y los ataques a joyeros, ahora tenemos una novedad: que cuándo se alquila un piso el pobre propietarios queda desvalido a merced de los «malos» y víctima de la pasividad de la justicia y de las fuerzas de seguridad. En todas estas noticias, los okupas son «extranjeros». Es decir, gente que se mete en nuestras casas y nos dejan sin vivienda, nos echan a la calle, se comen nuestra comida, se fornican a nuestras mujeres y no nos dejan vivir en nuestra propia ciudad (enésima adaptación del argumento arcaico y mitológico… tan eficaz a los tiempos que corren).
La narrativa es la misma que en el primer caso: se necesita mano dura, una justicia más rápida, una policía eficaz. Recordemos, estamos a pocos meses de las elecciones.
Si bien, y ya sea solo por cuestiones estadísticas, damos por sentada la existencia de aprovechadores que se hacen fuertes en pisos alquilados, ésta no es la norma.
Servidor y todos sus conocidos viven de alquiler, pagan puntualmente, se llevan bien con los dueños de su hogar. En ningún periódico se escribe sobre otra realidad, mucho más grave, y vaya lo que sigue tan solo como ejemplo:
R. es mujer. Vive en un piso alquilado hace cinco años. Se vence el contrato. Mientras tanto ella ha tenido una niña. Trabaja de camarera. Su sueldo llega apenas a los 800 euros, con suerte. El dueño del piso, al renovar el contrato, quiere doblar el alquiler. Es imposible. R. no sabe dónde vivirá desde marzo. Sin embargo ella no se hace fuerte, no se queda y deja de pagar… ¿no debería hacerlo? ¿no debería haber alguna ley que prohiba pasar de cobrar 450€ a 900€ por el mismo servicio, de un mes a otro?
(puntualicemos por si alguién se despista: el alquiler original ya sufría el aumento anual correspondiente al IPC… cuatro por cien multiplicado por cinco… el precio original ya se ha “reajustado” en un veinte por cien)
¿Qué justifica entonces semejante subida? ¿quién la defiende a ella?
¿Esa prensa local, matrona alarmista, representante de los poderosos…?
Resumiendo, hay que limpiar las calles de extranjeros, dejarlas brillantes para seguir captando capital fácil, y rápido. Que los pisos se conviertan en hoteles, que las tiendas en «souvenirs», que los espacios públicos en forums… y si esto no es suficiente, se necesita mano dura con todos. Que aquí, el que no corre vuela…
(no deja de extañar esta «nueva/vieja» tematización justo en momentos pre electorales y cuando el gobierno autonómico intenta sacar una ley punitoria a los pisos vacíos…)
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